La sed oculta de la inteligencia artificial: cómo los data centers amenazan el agua de Chile

Cada vez que consultas a ChatGPT, le pides a una IA que genere una imagen o procesas datos en la nube, estás consumiendo agua. No es una metáfora: los centros de datos que alimentan la revolución de la inteligencia artificial necesitan sistemas masivos de refrigeración que devoran millones de litros diarios. Y mientras Silicon Valley celebra la era de la IA generativa, Chile —un país que atraviesa una megasequía de más de una década— se ha convertido en el destino predilecto para instalar estos gigantes tecnológicos sedientos. La pregunta ya no es si llegarán más data centers, sino cuánta agua quedará cuando lo hagan.

El espejismo digital del desierto chileno

Chile ha vendido durante años su imagen como el paraíso latinoamericano para la inversión tecnológica: estabilidad política, energía renovable abundante y conexión directa con cables submarinos que cruzan el Pacífico. Empresas como Google, Amazon Web Services y Microsoft ya operan infraestructura en el país, y la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos ha acelerado el interés. Su administración impulsa la relocalización de operaciones tecnológicas fuera de China, y Chile aparece como una alternativa natural para empresas estadounidenses que buscan mantener datos sensibles en jurisdicciones alineadas con Washington.

Pero hay un problema que los folletos de inversión no mencionan: Chile enfrenta la peor crisis hídrica de su historia moderna. Según datos del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia, el país ha perdido más del 10% de sus recursos hídricos en las últimas décadas. Regiones enteras dependen de camiones aljibe para abastecer a comunidades rurales, mientras la agricultura —columna vertebral de la economía en varias zonas— compite ferozmente por cada gota disponible. En este escenario, la llegada de instalaciones que pueden consumir entre 1 y 5 millones de litros de agua al día no es solo un desafío logístico: es una bomba de tiempo social y ambiental.

El gobierno chileno ha mostrado señales contradictorias. Por un lado, celebra cada anuncio de inversión en infraestructura digital como un triunfo de su política de atracción tecnológica. Por otro, enfrenta presión creciente de comunidades locales, organizaciones ambientales y hasta de sectores productivos tradicionales que ven con alarma cómo el agua —un recurso cada vez más escaso— se destina a enfriar servidores que procesan datos para usuarios al otro lado del mundo. La paradoja es brutal: Chile exporta agua virtual en forma de servicios digitales mientras sus propios ciudadanos enfrentan racionamiento.

La huella hídrica invisible de la inteligencia artificial

La industria tecnológica ha cultivado cuidadosamente una imagen de limpieza e inmaterialidad. Las nubes digitales suenan etéreas, pero descansan sobre infraestructura física muy concreta y muy sedienta. Un estudio de la Universidad de California en Riverside estimó que entrenar un solo modelo grande de inteligencia artificial como GPT-3 consume aproximadamente 700,000 litros de agua dulce, equivalente a lo que necesitarían 300 personas durante un año. Y eso es solo el entrenamiento: mantener estos modelos funcionando 24/7 para millones de usuarios multiplica exponencialmente ese consumo.

Los data centers utilizan agua principalmente en dos formas: sistemas de enfriamiento evaporativo, donde el agua se evapora para disipar el calor de los servidores, y torres de refrigeración que requieren reposición constante. Las empresas tecnológicas argumentan que están invirtiendo en sistemas de circuito cerrado y tecnologías de enfriamiento más eficientes, pero la realidad es que el crecimiento explosivo de la demanda por servicios de IA está superando cualquier mejora en eficiencia. Microsoft, por ejemplo, reportó un aumento del 34% en su consumo de agua en 2022, directamente atribuible a la expansión de su infraestructura de IA.

La paradoja es devastadora: mientras Chile promociona su liderazgo en sostenibilidad y energías renovables, está importando una industria cuya huella hídrica podría comprometer el acceso al agua de comunidades enteras durante las próximas décadas.

En Chile, la situación se complica porque el Código de Aguas de 1981 —heredado de la dictadura de Pinochet— privatizó los derechos de agua y creó un mercado donde estos se compran y venden como cualquier commodity. Esto significa que una empresa tecnológica con suficiente capital puede adquirir derechos de agua en zonas ya estresadas hídricamente, desplazando usos agrícolas o comunitarios. Organizaciones como Chile Sustentable y la Fundación Terram han alertado sobre esta dinámica, pero la regulación avanza lentamente mientras las inversiones se concretan a velocidad de startup.

El factor Trump y la geopolítica de los datos

La vuelta de Donald Trump al poder en Estados Unidos ha añadido una nueva dimensión al fenómeno. Su administración ha dejado claro que considera la infraestructura de datos como un asunto de seguridad nacional, y ha presionado a empresas estadounidenses para reducir su dependencia de instalaciones en China o países considerados estratégicamente inciertos. Este movimiento geopolítico convierte a Chile en un activo valioso: un país políticamente estable, con tratados de libre comercio consolidados con Estados Unidos y sin las complicaciones regulatorias de Europa.

Ejecutivos de la industria tecnológica en Santiago confirman off the record que las consultas de empresas estadounidenses sobre establecer operaciones en Chile se han triplicado desde la elección de Trump. El mensaje es claro: Washington prefiere que los datos de sus ciudadanos y empresas se procesen en jurisdicciones amigas, y está dispuesto a ofrecer incentivos —fiscales, regulatorios, diplomáticos— para que así sea. Chile, ansioso por diversificar su economía más allá del cobre y posicionarse como hub tecnológico regional, ha respondido con brazos abiertos.

Pero esta estrategia tiene costos ocultos. Al convertirse en un nodo clave de la infraestructura digital estadounidense, Chile también hereda los riesgos geopolíticos asociados. En un mundo donde las guerras cibernéticas y los ataques a infraestructura crítica son cada vez más comunes, alojar datos sensibles lo convierte en objetivo potencial. Y más importante aún: al priorizar las necesidades de corporaciones extranjeras sobre la gestión sostenible de recursos locales escasos, el país arriesga profundizar las desigualdades internas y generar conflictos socioambientales de largo plazo.

Voces desde el territorio: resistencia y alternativas

No todos en Chile celebran la llegada de los data centers. En regiones como Valparaíso, Metropolitana y O'Higgins —donde se concentran la mayoría de los proyectos— han surgido movimientos ciudadanos que cuestionan la sostenibilidad de este modelo. Organizaciones locales argumentan que el Estado chileno está subsidiando indirectamente a multinacionales tecnológicas al garantizarles acceso privilegiado a recursos hídricos mientras comunidades cercanas enfrentan restricciones.

Algunos expertos proponen alternativas. Ingenieros y académicos chilenos han planteado que los data centers podrían ubicarse estratégicamente en zonas costeras donde puedan usar agua de mar para refrigeración, aunque esto requiere inversiones significativamente mayores en sistemas de desalinización y tratamiento anticorrosión. Otros sugieren que Chile debería establecer cuotas hídricas específicas para infraestructura digital, obligando a las empresas a demostrar que su operación no comprometerá el acceso al agua de otros usuarios antes de otorgar permisos.

La Dirección General de Aguas ha comenzado tímidamente a evaluar el impacto acumulativo de estos proyectos, pero enfrenta limitaciones técnicas y políticas. El lobby de la industria tecnológica es poderoso, y el discurso del empleo y la modernización sigue pesando más en la toma de decisiones que las consideraciones de sostenibilidad a largo plazo. Mientras tanto, el fantasma de la sed —como lo llaman activistas locales— sigue recorriendo Chile, invisible para quienes solo ven oportunidades de negocio pero muy real para quienes dependen del agua para sobrevivir.

Contexto clave

Refrigeración de data centers: Los servidores que procesan datos generan enormes cantidades de calor que debe disiparse para evitar fallos. Los métodos más comunes incluyen sistemas de aire acondicionado tradicionales (que consumen electricidad pero no agua directamente), enfriamiento evaporativo (donde agua se evapora para absorber calor, consumiendo grandes volúmenes), y sistemas de circuito cerrado con torres de enfriamiento (que requieren reposición constante de agua perdida por evaporación). La eficiencia de cada sistema varía, pero todos los métodos para data centers de gran escala requieren cantidades significativas de agua o energía, o ambas.

Código de Aguas chileno: Implementado en 1981 durante la dictadura militar, este marco legal separó la propiedad del agua de la propiedad de la tierra y creó derechos de agua transables en el mercado. Esto significa que el agua se puede comprar, vender y acumular como cualquier activo financiero. Aunque ha habido reformas recientes para limitar la especulación, el sistema sigue permitiendo que actores con mayor capital adquieran derechos en zonas con estrés hídrico, generando conflictos entre usos productivos, comunitarios y comerciales del recurso.

Huella hídrica de la IA: Más allá del consumo directo de agua en data centers, la inteligencia artificial tiene una huella hídrica indirecta considerable. Incluye el agua necesaria para generar la electricidad que alimenta los servidores (especialmente en plantas termoeléctricas), el agua usada en la fabricación de chips y componentes electrónicos, y el agua requerida para extraer y procesar minerales como el litio y el cobre usados en la infraestructura. Investigadores estiman que el ciclo de vida completo de un servidor puede consumir 10 veces más agua que su operación directa.

Para profundizar

• Soberanía de datos versus soberanía hídrica — ¿Cómo equilibran otros países en desarrollo la atracción de inversión tecnológica con la protección de recursos naturales escasos? Casos como Singapur, que pausó nuevos data centers por consumo energético, o Holanda, que endureció requisitos hídricos, ofrecen lecciones para Chile sobre regulación preventiva antes de que el problema se vuelva irreversible.
• El costo ambiental oculto de la nube — Mientras usuarios perciben servicios digitales como inmateriales y limpios, la infraestructura física que los sostiene tiene impactos ambientales comparables a industrias tradicionales. Investigar la huella total —agua, energía, minerales, residuos electrónicos— de la economía digital podría cambiar radicalmente cómo regulamos y valoramos estos servicios.
• Alternativas tecnológicas para data centers sostenibles — Desde enfriamiento por inmersión en líquidos dieléctricos hasta ubicación de servidores en regiones árticas o submarinas, existen tecnologías emergentes que podrían reducir drásticamente el consumo de agua dulce. ¿Por qué no se adoptan masivamente? La respuesta involucra costos, inercia industrial y la ausencia de regulaciones que penalicen el uso insostenible de recursos.