El Impacto del 'Decretazo' de Petro en la Regulación de Plataformas Digitales en Colombia

El presidente Gustavo Petro ha desatado un intenso debate político y jurídico en Colombia al avanzar con un 'decretazo' que busca convocar una consulta popular sobre su reforma laboral fallida. Este decreto, que afectará directamente a plataformas digitales como Rappi y Uber Eats, es un intento por parte del gobierno de implementar cambios significativos en la economía digital del país.

Consulta Popular y su Enfoque en Plataformas Digitales

El decreto, que consta de ocho artículos, está destinado a ser revisado por la Corte Constitucional, mientras que la Registraduría Nacional del Estado Civil coordinará el proceso electoral. Una de las doce preguntas incluidas en la consulta se centra en la regulación de las plataformas de reparto y transporte, planteando si los trabajadores deben poder acordar su tipo de contrato y recibir pagos de seguridad social. Esta cuestión es un reflejo de las tensiones entre el gobierno y las empresas de economía digital, ya que aborda la necesidad de clarificar el estatus laboral de los trabajadores en estas plataformas.

Implicaciones Legales y Técnicas

El trasfondo jurídico de este decreto ha sido ampliamente debatido, especialmente en términos de cuál órgano judicial debería tener competencia sobre él. Mientras que el gobierno defiende que la Corte Constitucional debe revisar su legalidad, otros argumentan que debería ser el Consejo de Estado. Este debate pone de manifiesto las complejidades legales en torno a la separación de poderes y el alcance del poder presidencial. Además, las propuestas incluidas en la consulta, como la obligación de las plataformas de registrarse ante el Ministerio del Trabajo y proporcionar datos sobre sus trabajadores, podrían suponer importantes cambios en el sector digital.

Regulación de IA y Futuro de la Economía Digital

Desde una perspectiva de regulación de inteligencia artificial, el decreto también incluye propuestas que afectan la transparencia algorítmica. Estas medidas exigen que los trabajadores tengan derecho a conocer cómo se utilizan los algoritmos para evaluarlos y asignarles tareas, prohibiendo cláusulas de exclusividad que limiten a los repartidores a una sola aplicación. Esto refleja una tendencia creciente hacia una mayor transparencia y ética en el uso de IA en el ámbito laboral. La evolución de esta regulación podría sentar precedentes para futuras políticas de IA en la región.

Conclusión

El 'decretazo' de Gustavo Petro, con su enfoque en la regulación de plataformas digitales, representa un paso audaz hacia una mayor supervisión gubernamental de la economía digital en Colombia. Sin embargo, la legalidad y la implementación efectiva de estas medidas dependen de la revisión constitucional y del debate político en curso. Este movimiento podría marcar un punto de inflexión en la regulación de la IA y la economía digital, no solo en Colombia, sino en toda América Latina.